¿Es la participación ciudadana contemplada en la ley 19300 una verdadera participación ?

El legislador chileno ha contemplado dentro de la Ley 19.300 que determinados proyectos para poder ejecutarse o modificarse deban ser objeto de una evaluación de impacto ambiental, en virtud del la cual obtengan la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que los habilite para llevar a cabo su proyecto, éstos son los señalados en el artículo 10 de la Ley 19.300. Tratándose de proyectos o actividades que causen entre otros efectos, riesgos para la salud de la población, se ejecuten cerca de asentamientos de comunidades humanas, alteren significativamente el valor paisajístico y la calidad y cantidad de los recursos renovables, deberán ingresar a dicha evaluación bajo la modalidad de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proceso administrativo que contempla entre otros aspectos la consideración de formas de participación de organizaciones ciudadanas (Art. 14 letra d) Ley 19.300). Es en esta esfera donde surge la inquietud respecto a como se efectuará dicha participación, del texto legal no es posible extraer un concepto de participación ciudadana, sólo establece en el artículo 26, que corresponderá a la COREMA respectiva o a la CONAMA, establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad organizada. La ausencia en la ley y en el respectivo reglamento, de un mínimo respecto a lo que participación significa, hace que este concepto sea ambiguo y manipulable, transformándolo de esta manera en una de las tantas yermas declaraciones de principios que contiene nuestra legislación.
De algunas estadísticas acerca de la participación ciudadana en la agenda gubernamental se advierte que la participación que se genera es puramente instrumental lo cual quiere decir, que si bien muchos organismos del Estado contemplan dentro del proceso de toma de decisiones, etapas en que interviene la comunidad, esta participación se reduce a la recepción de información, emisión de consultas no vinculantes y sin ingerencia institucional, dando cumplimiento de forma meramente aparente al proceso participativo, cuestión que también sucede en el proceso de evaluación de impacto ambiental.
Para realizar este análisis voy a partir sobre la base de un concepto de participación que implique al menos “el proceso a través del cual distintos sujetos sociales y colectivos, en función de sus respectivos intereses y de la lectura que hacen de su entorno, intervienen en la marcha de los asuntos colectivos con el fin de mantener, reformar o transformar el orden social y político” , del concepto en cuestión puedo extraer que la participación no se ha de contentar con la mera distribución de información o la realización de observaciones no vinculantes, sistema, éste último, contemplado por la Ley 19.300 y en virtud del cual las organizaciones sociales y las personas naturales pueden plantear observaciones a un proyecto dentro del plazo de 60 días contados desde la publicación del mismo en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional o local, ¿Será efectiva este tipo de publicación?, ¿Otorga a los ciudadanos la posibilidad de informarse verdaderamente?, creo que esto no es suficiente, si la Ley 19.300 contempla la participación como un elemento trascendente en el proceso de calificación, tanto así, que hoy se pretende extenderla a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que hasta hoy se encuentran exentas de dicho proceso, la participación debe dotar a los ciudadanos del poder que los habilite para ejercer una real defensa de sus derechos y transformarse en una fuente eficiente de control social.
Es cierto que los ciudadanos no siempre tienen los conocimientos suficientes para entender proyectos eminentemente técnicos, en tal sentido malamente podrán formular observaciones, pero quizás precisamente es en esta área en que a mi juicio se pueden crear nuevas cosas, como por ejemplo una figura de defensa ambiental, que contemple en su base asesoría técnica a la ciudadanía.
En conclusión, si son los ciudadanos los principales afectados por la ejecución de grandes proyectos que intervienen su medio ambiente más próximo, deben ser ellos quienes tengan la legitimación suficiente que les permita en primer lugar informarse, ya que es imposible que exista participación sin información, y luego formular sus inquietudes, que estas sean debidamente escuchadas y consideradas por la autoridad a la hora de tomar la decisión de otorgar o no la calificación, pero y quizás más importante que ello, que el titular del proyecto respectivo incorpore suficientemente a dicho proyecto las cuestiones planteadas, todo en ejercicio del derecho constitucionalmente reconocido de vivir en un medio ambiente libre de contaminación (Art. 19 Nº 8 CPR) y del derecho a la protección de la salud (Art. 19 Nº 9 CPR). Es por ello que resulta perentorio contemplar éstas transformaciones de manera expresa en la ley, más hoy que la modificación a la Ley 19.300 es un hecho.

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